El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, pudiéndose mover a lunes o viernes para poder crear un fin de semana largo.
Varias organizaciones de derechos humanos se opusieron a la propuesta por considerar impropio que un día donde se debía recordar pudiera convertirse en una ocasión aprovechada por los entes turísticos para la obtención de ganancia por los puentes o fines de semana largos. Finalmente, el Congreso aceptó la propuesta del ejecutivo y declaró al 24 de marzo como día no laborable, estableciendo sin embargo su inamovilidad, es decir, la imposibilidad de que se traslade al lunes o viernes más próximo.
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